El principal responsable del desastre es el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el cual, en menos de un año, otorgó 153 arrendamientos en las islas fiscales en el departamento de Victoria por 110.684 hectáreas destinados a actividades agropecuarias. La responsabilidad también la comparten el Estado nacional, por el modelo agropecuario que respalda y promueve desde los años '90, y el sector privado, que ha venido actuando con irresponsabilidad y sin límite alguno en la búsqueda de expandir sus ganancias.La quema de pasturas en el macrosistema de humedales que constituye el Delta del Paraná, tiene como objeto expandir la actividad ganadera que anteriormente se desarrollaba en otras regiones. Esta presión por nuevas tierras para uso ganadero y a expensas de los últimos ecosistemas nativos, se produce por la expansión de la agricultura, monopolizada por la soja, y promovida por el gobierno provincial.
Muchas organizaciones ambientalistas hemos cuestionado la Ley de Arrendamientos que Entre Ríos aprobó a fines de 2004 ya que constituía la llave para legalizar la expansión de la actividad ganadera en la zona de islas. La quema sin precedentes de estas semanas pone en evidencia la gran incapacidad de previsión de la Secretaria de Producción de la Provincia que promovió la Ley, así como también de los legisladores entrerrianos que levantaron la mano para aprobarla.